Ante la crisis migratoria y cientos de deportaciones de Estados Unidos a México, las 29 oficinas estatales de atención a migrantes se declararon sin fondos suficientes para hacer su labor, advierten que el escenario para 2020 “viene más negro” y acusaron que el gobierno federal los defraudó y desprotegió en la tarea.
La Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conafam) reclamó ayer a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados la puesta en práctica de la política migratoria nacional porque al inicio del gobierno y la Legislatura les prometieron trabajo coordinado y hoy, instancias como el Instituto Nacional de Migración (INM), les dieron “la espalda”.
“De aquí nos fuimos muy contentos con esta Comisión. Hoy en día ha habido un giro de 180 grados en el tema migratorio en el país, no en el discurso sino en las acciones”, dijo José Martín Carmona Flores, presidente de la Conofam, quien reclamó la ausencia de autoridades del INM.
Y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retiró este año el presupuesto a las oficinas de migración estatales que recibían vía el Fondo de Atención al Migrante (FAM), el cual nació en 2006 con 500 millones de pesos anuales y se redujo durante el sexenio pasado a 300 millones.
