La cancelación del programa que protege a unos 800 mil dreamers, entre ellos medio millón de mexicanos, representó una acción ilegal “porque no se explicó adecuadamente”, determinó una corte federal de apelaciones.
La corte de apelaciones del cuarto distrito en Virginia secundó una decisión de un tribunal similar de California acerca de que la decisión de la administración del presidente Donald Trump de terminar con el programa fue “arbitraria y caprichosa”.
La estrategia de la administración de Trump, de llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, pierde fuerza porque, por separado, dos tribunales de apelaciones y dos cortes federales han coincidido, en sus respectivas versiones, en que la cancelación del programa es ilegal.
El caso comenzó cuando Dulce García, una joven mexicana indocumentada y abogada de migración en California, demandó al gobierno días después de suspender el programa.
