La Fiscalía de Brasil presentó una demanda para intentar la “suspensión inmediata e integral” del decreto del presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza la ley sobre armas y municiones y que “deja vacíos legales” o incluso contradice directamente lo que se estipula en la ley en vigor.
“La medida tiene un impacto inmediato en la esfera criminal”, reza la demanda, que lleva la firma de cinco fiscales federales.
El decreto promulgado el 7 de mayo amplía la capacidad de los brasileños para vender, acceder y portar armas de fuego. Con el nuevo decreto, cualquier persona puede adquirir un arma tras conseguir una autorización de la policía federal.
Además, el decreto incrementa la cantidad de municiones que pueden adquirir los dueños de armas, que pasa de 50 cartuchos por año a entre mil y cinco mil, según cada licencia.
