Argentina, uno de los principales productores mundiales de alimentos, se declaró por ley en emergencia alimentaria hasta 2022. La norma fue aprobada este miércoles por el Senado en medio de un agravamiento de la pobreza al compás de la inflación y una creciente tensión social por multitudinarias protestas a poco más de un mes de las elecciones generales de octubre.
Los 61 senadores presentes en el recinto, de un total de 72 que tiene ese cuerpo, dieron su aval a la iniciativa propuesta por movimientos sociales que aumenta las partidas alimentarias a los comedores comunitarios y que había recibido media sanción en Diputados hace una semana.
A estos establecimientos organizados por vecinos e instituciones religiosas y educativas acude un creciente número de personas afectadas por una inflación que, según varias estimaciones, superará el 50 por ciento este año en un contexto de recesión y aumento del desempleo.
Argentina está entre los principales productores de alimentos del mundo, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero después de Venezuela es la nación con mayor inflación de América Latina. El encarecimiento de los alimentos afecta directo a los sectores más vulnerables y se estima que para fin de año el 35 por ciento de la población estará bajo la línea de pobreza.
La devaluación de más de 20 por ciento del peso argentino luego del resultado electoral -que se debió en gran parte al temor de los inversores al regreso al poder del populismo kirchnerista- conllevó un alza de los precios de productos básicos.
La depreciación de la moneda local impacta en los costos energéticos y otros del proceso productivo atados al dólar incidiendo en los precios. Esos saltos cambiarios también afectan el valor de los alimentos debido a que, luego de una disparada del billete estadounidense, los exportadores de esos productos buscan aumentar su rentabilidad en el mercado interno.
