El Partido Acción Nacional denunció públicamente el intento del gobierno federal de desviar el uso de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo que pondría en riesgo la vida de “miles de niñas , niños y adultos” con enfermedades graves y costosas, que actualmente reciben tratamiento mediante dichos recursos en el Seguro Popular.
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, aseveró que esto se deriva en principio del recorte al sector salud en el presupuesto 2020 y del reciente acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado jueves 12 de este mes, donde se autorizó al director general de Administración y Finanzas del Seguro Popular a tomar los recursos destinados a las enfermedades como leucemia, linfoma, hepatitis, cáncer de mama y cervicouterino, para la supuesta adquisición, distribución y entrega de medicamentos básicos.
El PAN denuncia que el gobierno morenista al privilegiar en el gasto público los programas clientelares está dejando literalmente en el desamparo a miles de niños y adultos de escasos recursos con enfermedades graves y costosas.
Abundó que adicionalmente, esta intención del gobierno federal se refuerza con el hecho de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se eliminaron las reglas para la administración y distribución de los recursos del Seguro Popular y del mismo Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Asegura que dichas reglas obligaba a las autoridades procurar la sustentabilidad financiera del sistema de salud y garantizar la atención a pacientes.
El dirigente nacional panista asegura que “de esta forma se abre la puerta para que el gobierno federal use de manera discrecional los recursos acumulados en dicho fondo que suman 80 mil millones de pesos, un verdadero botín para gastarlo a su antojo, sin importar que los recursos sean para atender las enfermedades que por su alto costo empobrecen a las familias”.
El panista hizo un llamado urgente a organizaciones civiles, a trabajadores del sector salud, pacientes y a la población en general, a sumarse a la defensa del derecho a la protección de la salud, utilizando los recursos jurídicos, como ya se está haciendo en diversos temas para frenar otras decisiones “irresponsables” del gobierno.
