Las nuevas medidas aprobadas por el Senado para tipificar como crimen organizado el uso de facturas falsas y la creación de empresas fantasma no deben tomarse como “terrorismo fiscal”.
“De ninguna manera, no lo hay; (estas leyes) son consecuencia de las acciones porque hubo una relajada procuración de justicia fiscal en años anteriores”, aseguró Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La funcionaria dijo que han detectado casos de delincuencia organizada con compañías que se coordinaron para dañar al fisco.
“Sería difícil no hablar de delincuencia organizada porque encontramos que son socios aquí, accionistas acá y representantes legales. Todos triangulan y se venden y todos se hacen”, expresó.
Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), adelantó que seguirá insistiendo en hacer cambios a dicha ley con el objetivo de no dañar a los empresarios que actuaron sin dolo al haber adquirido facturas falsas.
La IP y el SAT firmaron un convenio para combatir la economía informal y coordinarse para facilitar el cumplimiento de las contribuciones.
