La ONU pidió el viernes poner fin a la “impunidad” en Nicaragua, donde la policía y elementos progubernamentales siguen cometiendo “graves violaciones” de los derechos humanos en un contexto de crisis política.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en su informe haber documentado “graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas” en el país centroamericano.
“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”, precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.
La ONU observa que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo”.
El informe será presentado por la propia Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos el 10 de septiembre y en la jornada siguiente la delegación diplomática de Nicaragua tendrá la ocasión de reaccionar al mismo.
El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra los manifestantes.
La violencia dejó más de 325 muertos y 2.000 heridos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica.
