Un juez federal dio la razón al Gobierno Federal respecto a las modificaciones al programa de estancias infantiles y destacó que el interés en juego que tienen los encargados de las guarderías, no es un derecho, sino una expectativa de negocios.
Al negar un amparo a la responsable de la estancia infantil “Maranatha”, el juzgador explicó que, aunque se corte de forma abrupta el apoyo que se entregaba a las estancias, no debe pasar desapercibido que este programa se encuentra sujeto al principio de anualidad.
En su resolutivo Germán Cruz Silva, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México explicó a detalle que, en ese sentido, no se puede considerar que existe una obligación del gobierno de conservar a perpetuidad las ventajas o beneficios que recibían del mismo.
“El programa de estancias infantiles siempre se ha dirigido a la población integrada por madres y padres trabajadores, y no propiamente a las guarderías, quienes, si bien se han visto beneficiadas en épocas anteriores, ello no es un derecho que hubieren adquirido, sino una mera expectativa de derecho, que no entra dentro del ámbito de protección del principio de confianza legítima”, señala la sentencia.
El juzgador señala que debido a que los objetivos de política económica y social varían de acuerdo a los tiempos, así como a las posiciones políticas de las administraciones públicas en turno, el Poder Ejecutivo puede modificar determinado programa al momento de implementar las políticas públicas de un mandato, pues es una potestad escoger el camino que mejor considere.
