Los aliados políticos de Morena lo dejaron solo por la llamada Ley Garrote de Tabasco, pues tanto Encuentro Social como el Partido del Trabajo criticaron la decisión del gobierno y el Congreso de ese estado de castigar hasta con 13 años de cárcel al que utilice el cierre de carreteras o impida la construcción de obras, con un afán de chantajear a las autoridades.
Pese a quedarse solo, Morena afirmó que la reforma puede ser tema de la agenda legislativa que se debe emprender a nivel nacional.
Hay que legislar de tal manera que la ley no se preste a interpretaciones. Debemos ser vigilantes de que la interpretación de este delito nos sirva como una herramienta de opresión.
(…) No podemos darnos el lujo de abrir el Código Penal a interpretaciones que penalicen la protesta social, tenemos que ser firmes, pero tenemos que ser claros”, planteó la senadora Nancy de la Sierra, del PT.
Con el debido respeto, y respetando todos los puntos de vista, quiero decir que la esencia de esta reforma no es la extorsión. Aquí esto significa limitar el derecho a la manifestación y a la expresión (…).
Perfilar el garrote como medio para parar las protestas y la libre expresión es inadmisible en un país democrático (…) Con estas decisiones parece que van en contra de la cuarta transformación que ha planteado el Presidente de la República, y por la cual votaron millones de personas no solamente de Tabasco”, añadió María Rosete, del PES.
En tanto, el senador de Morena Eduardo Ramírez Aguilar rechazó que se trata de una Ley garrote y adelantó que el tema pude ser materia de análisis a nivel del Congreso de la Unión.
