El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, elevó este lunes ante la Corte de Constitucionalidad un amparo para frenar el pacto firmado el viernes entre el Gobierno de Donald Trump y el de Jimmy Morales.
Según lo acordado, los refugiados que soliciten refugio o asilo en Estados Unidos pueden recibir la misma protección en el país centroamericano y, al haber pasado por este antes, se les canalizará de nuevo a suelo guatemalteco. Una fórmula que, en la jerga política diplomática, implica convertir a Guatemala en “tercer país seguro”.
Además, hay una petición para que el Gobierno de guatemalteco garantice a la población el derecho a manifestar su desacuerdo libremente, y solicita la destitución del titular de Gobernación, Enrique Degenhart. El amparo de Rodas se suma a otros promovidos el pasado fin de semana por el abogado Marco Vinicio Mejía y Acción Ciudadana, la división guatemalteca de Amnistía Internacional, que también califican el acuerdo como ilegal.
El procurador Rodas subraya que “los acuerdos firmados bajo amenazas no surten efectos legales”, en alusión a los tuits en los que Trump amenazaba con aranceles a Guatemala y con prohibir el ingreso de sus ciudadanos a territorio estadounidense, algo que puso en alerta a los poderes económicos del país, que cerraron filas en torno a Morales ante la posibilidad de que se cerrase su principal mercado, destino de algo más del 40% de las exportaciones guatemaltecas.
