El proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Estado de México, tiene luz verde para ser operado durante 50 años, de acuerdo con los estudios de impacto ambiental avalados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Se concluye que el Proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, con base en la información proporcionada por Sedena y bajo el contexto presentado en el estudio, es viable en materia de riesgo ambiental, pues las consecuencias potenciales de los eventos evaluados presentan afectaciones mínimas al entorno ambiental, en su mayoría temporales, por lo que el sistema ambiental local tiene la capacidad de recuperar los valores normales en sus componentes ambientales presentes en la etapa de operación del proyecto”.
De los riesgos identificados, se tiene que todos los escenarios simulados obtenidos del análisis de consecuencias indican que las principales afectaciones potenciales ocurrirían dentro de las instalaciones de Santa Lucía, por lo que no se prevén repercusiones importantes a la población o infraestructura ubicada fuera del límite de la propiedad.
Afirma que, en el caso de ocurrencia potencial de los eventos riesgosos analizados (incendio y explosión), las afectaciones al medio son “en su mayoría temporales”, por lo que el sistema ambiental local, en las condiciones actuales, tiene la capacidad de recuperar los valores normales en sus componentes ambientales.
Adicionalmente, el diagnóstico no consultó a los vecinos de las diversas unidades habitacionales que rodean la aún Base Aérea Militar de Santa Lucía, a pesar de que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas indicó que en el área de influencia directa del proyecto están San Miguel Xaltocan, Ozumbilla y San Lucas Xolox.
Tampoco se tomó en cuenta que a 13 kilómetros 630 metros en línea recta hacia el noreste opera el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), ubicado en el centro del acuífero Cuautitlán-Pachuca, considerado panteón de desechos radiactivos.
Actualmente están vigentes 11 suspensiones judiciales, concedidas por jueces federales y confirmadas por tribunales, que detienen y condicionan la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía al cumplimiento de una serie de requisitos, además de las investigaciones de impacto ambiental, que la ley marca como indispensables.
