Las sanciones económicas impuestas por EU, cada vez más severas contra Venezuela, han restringido el acceso del gobierno al financiamiento externo, han limitado su capacidad de vender activos e impedido que le venda petróleo a la Unión Americana.
Las sanciones fueron diseñadas para cortar las ganancias del régimen de Nicolás Maduro, y sus artífices dijeron que aplicarlas no generaría sufrimiento a los venezolanos. El razonamiento era que Maduro recularía de inmediato o que el ejército lo obligaría a salir antes de que las sanciones pudieran comenzar a surtir efecto.
Se equivocaron, Maduro sigue en el poder y su régimen se ha vuelto todavía más represivo y despiadado. La crisis de Venezuela incluso parece haber superado el corto periodo de atención que suele tener el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, la situación de los venezolanos ha empeorado.
Tras años de mala administración y corrupción durante los gobiernos de Maduro y de su predecesor, Hugo Chávez, Venezuela ya se encontraba en una profunda crisis humanitaria. Pero en este momento, las sanciones están poniendo al país en riesgo de una catástrofe humanitaria.
Dado que la mayoría de la población ya está al borde de la inanición y que el país depende de importaciones para alimentarse, más recortes en las compras internacionales corren el riesgo de producir la primera hambruna en América Latina en más de un siglo.
Los riesgos de una hambruna no suelen estar presentes en las conversaciones de los legisladores estadounidenses ni en la oposición del país.
Tanto los legisladores que diseñaron esta estrategia como los líderes que la apoyaron podrían terminar compartiendo la responsabilidad con el régimen criminal e incompetente de Maduro.
