El presidente Enrique Peña Nieto esta tarde promulgó la Ley de Seguridad Interior; sin embargo, no emitirá Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la constitucionalidad de dicha normatividad, que hoy, reconoció, es cuestionada por organismos civiles.
Esta Ley que fue aprobada el pasado 14 de diciembre y enviada al Ejecutivo avala que el Poder Ejecutivo Federal pueda intervenir a nivel local a través de esta declaratoria que precisa el tipo de amenaza que combatirán las fuerzas armadas en alguna región del país, durante cuánto tiempo y la cantidad de elementos.
Doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley, soy consciente que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país.
Así la Suprema corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, subrayó el mandatario.
Al clausurar la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional y frente a una veintena de gobernadores, el mandatario precisó que “ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.
Peña Nieto señaló que el espíritu de la Ley de Seguridad Interior da certeza jurídica al actuar de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad interior y establece límites al uso discrecional de las mismas.
