El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con la mayoría priista y los votos del Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, la Ley de Seguridad Interior para regular el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Entre pancartas en contra, la dispensa de los trámites, el rechazo de tres mociones suspensivas de Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un receso, el pleno avaló con 248 votos en pro, 115 en contra y 48 abstenciones la expedición de la ley en la materia y quedaron a discusión en reserva 101 artículos.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Gobernación, la priista Mercedes Del Carmen Guillén Vicente rechazó que el dictamen signifique la militarización del país, porque toda intervención estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año y, únicamente, podrá prorrogarse por acuerdo del Ejecutivo.
La aplicación de la Ley de Seguridad Interior corresponderá a las Fuerzas estatales y federales, y sólo cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas.
Establece, además, que la actuación de las autoridades se realizará en un marco de corresponsabilidad y señala obligaciones específicas para que cumplan a la brevedad con los fines de la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que el incumplimiento de las obligaciones de la ley será sancionado de acuerdo con los artículos 112 y 113 de la Constitución, garantizando el equilibrio de poderes.
Al fijar su postura, la diputada de Nueva Alianza, Mirna Saldivar Paz, alertó que la Ley de Seguridad Interior no se puede posponer más y sostuvo que su bancada está convencida de que resulta imperativo contar con las condiciones normativas idóneas para que las Fuerzas Armadas realicen su encomiable labor a favor de los mexicanos.
Dicha ley establece que corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior.
Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esa ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.
